El Acuerdo Regional por la Vida Independiente es una iniciativa impulsada por organizaciones de América Latina y el Caribe con el objetivo de presentar a los Estados una serie de propuestas de políticas indispensables para garantizar a las personas con discapacidad su derecho a vivir de forma independiente y en la comunidad.
Aunque decidir qué estudiar, con quién estar y cómo usar el tiempo parezcan obviedades, para las personas con discapacidad no lo son. De hecho, se les impide hacerlo.
Las personas no deben vivir encerradas en sus hogares ni en ningún tipo de institución, sino en la comunidad con todos los apoyos que requieran.
Las personas con discapacidad tienen derecho a decidir sobre su salud, sobre su vida familiar y sobre sus bienes, y ningún actor estatal debe impedirlo.
En un mundo justo, las personas con discapacidad se pueden movilizar y comunicar al igual que todas las demás.
Las escuelas son la clave para la inclusión. Si las personas crecemos juntas, aprendemos a vivir juntas.
Las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas entre aquellas en situación de pobreza. El trabajo hace que dejen de estarlo.
Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a un sistema de protección social que contemple sus necesidades. Sin eso, son empujadas a la pobreza y a la institucionalización.
Para implementar políticas con perspectiva de discapacidad, se necesita información de calidad, presupuesto suficiente, conciencia sobre los derechos y participación.
Las personas no deben vivir encerradas en sus hogares ni en ningún tipo de institución, sino en la comunidad con todos los apoyos que requieran.
Las personas con discapacidad tienen derecho a decidir sobre su salud, sobre su vida familiar y sobre sus bienes, y ningún actor estatal debe impedirlo.
En un mundo justo, las personas con discapacidad se pueden movilizar y comunicar al igual que todas las demás.
Las escuelas son la clave para la inclusión. Si las personas crecemos juntas, aprendemos a vivir juntas.
Las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas entre aquellas en situación de pobreza. El trabajo hace que dejen de estarlo.
Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a un sistema de protección social que contemple sus necesidades. Sin eso, son empujadas a la pobreza y a la institucionalización.
Para implementar políticas con perspectiva de discapacidad, se necesita información de calidad, presupuesto suficiente, conciencia sobre los derechos y participación.