1. Dejar sin efecto todas aquellas normas que promueven, permiten o toleran la institucionalización de las personas con discapacidad y adecuar las regulaciones de habilitación y funcionamiento de los establecimientos que les brindan apoyo y asistencia a los estándares de la CDPD, de manera que se conviertan en centros de apoyo a la vida independiente en la comunidad.

2. Crear sistemas de producción de información sobre la situación de las personas con discapacidad en lo relativo a la institucionalización y al aislamiento, que recolecten y publiquen datos completos, actualizados y desagregados sobre aspectos fundamentales para monitorear los avances en el tema. Algunos de los datos que se estiman de relevancia son: la cantidad y tipo de establecimientos que albergan o asisten a personas con discapacidad; el número de personas institucionalizadas en ellos o en riesgo de serlo, así como sus condiciones de vida; y las acciones implementadas por los Estados para transformar los modelos de abordaje, así como los recursos presupuestarios que se destinan a ello. La información producida debe tener perspectiva interseccional y considerar la especial situación de ciertos grupos, como el de las mujeres, las personas LGBTIQ+, los niños, niñas y adolescentes y las personas migrantes e indígenas.

3. Adoptar programas nacionales para la sustitución progresiva de las instituciones que albergan a las personas con discapacidad, que incluyan metas claras, plazos concretos e indicadores de proceso, de resultado y de impacto, y que aseguren la transferencia de los recursos humanos y nancieros destinados a su sostenimiento a servicios de apoyo en la comunidad. Los planes deben contemplar, además, mecanismos especícos para la scalización periódica, efectiva y eciente de las instituciones públicas y privadas y de los procesos de desinstitucionalización, identicando a los organismos responsables de realizar esta tarea y dotándolos de personal y presupuesto suciente.

4. Elaborar planes individualizados para cada una de las personas con discapacidad que se encuentran institucionalizadas, que cuenten con su participación y que recepten sus opiniones, identiquen el tiempo que cada una lleva en esa situación, y contemplen las redes de apoyo y los recursos afectivos, habitacionales, sanitarios y económicos con los que cuentan y los que requieren para evitar procesos de reinstitucionalización y transinstitucionalización y garantizar su inclusión comunitaria.

5. Desarrollar un sistema de apoyos exibles y personalizados que estén disponibles en cantidad suciente y sean accesibles, aceptables, asequibles y adaptables 11 . Los apoyos pueden ser personas, recursos nancieros, materiales, tecnológicos o de otro tipo; deben implementarse en diferentes ámbitos (domiciliario, educativo, laboral, sistema judicial, participación en la vida pública y política, etc.) y permitir a las personas con discapacidad llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana, utilizar los servicios generales abiertos a la comunidad y participar en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.

6. Asegurar especialmente que las personas con discapacidad que lo requieran tengan acceso a la asistencia personal, recibiendo información en formatos accesibles sobre todo lo relativo a la provisión de este servicio, participando en la formulación de su proyecto de asistencia individual y decidiendo sobre la duración del apoyo y sobre quién desempeña esa función. En todos los casos, la asistencia tiene que adaptarse a las necesidades y preferencias del usuario o usuaria, su prestación no debe confundirse con otras guras de enfermería o cuidados y quien la realiza debe recibir una remuneración digna.

7. Garantizar el acceso a servicios de apoyo económico y a programas de protección social y de acompañamiento especícos para las personas que se encuentran en proceso de desinstitucionalización, con el objetivo de que dichos procesos se sostengan en el tiempo, de evitar situaciones de reinstitucionalización y transinstitucionalización y de promover su vida independiente e inclusión social. Asimismo, se debe asegurar la incorporación prioritaria de estas personas a los programas vigentes de inclusión educativa, laboral y de vivienda.

8. Sustituir los hospitales psiquiátricos por servicios de salud mental en centros de atención primaria y hospitales generales, que provean un abordaje ambulatorio, humanizado, interdisciplinario e integral y que eviten la segregación de las personas con discapacidad. A su vez, se deben habilitar servicios de base comunitaria alternativos a la internación, tales como consultas ambulatorias, servicios de atención domiciliaria, dispositivos de inclusión social y laboral, cooperativas de trabajo y grupos de apoyo mutuo.

9. Asegurar alternativas habitacionales dignas y accesibles para las personas con discapacidad (programas de acceso a la vivienda pública o alquiler social, asignación de viviendas individuales, créditos para la adquisición de inmuebles, programas para el mejoramiento y la adaptación de las viviendas de personas con discapacidad, entre otros), de conformidad con los principios del diseño universal, procurando que los requisitos para ser beneciarias de estos programas no atenten contra su autonomía y garantizando que se respete su derecho a elegir libremente dónde y con quién vivir.

10. Proveer servicios de apoyo a las familias y referentes afectivos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y dispositivos de revinculación socio-familiar e inclusión social, que prioricen el acogimiento en la familia de origen, permitan la continuidad de los vínculos, aseguren el derecho a la vida familiar y eviten toda forma de institucionalización de las infancias y adolescencias

11. Crear programas para la vida independiente destinados a las personas con discapacidad, incluidas las que se encuentran en procesos de desinstitucionalización, con el objetivo de potenciar habilidades como el uso del dinero, del transporte y otras esenciales para alcanzar la autonomía.

12. Brindar servicios de asistencia, mediación, asesoramiento profesional y capacitación a las familias y redes de apoyo informal de las personas con discapacidad, con la intención de promover prácticas que favorezcan su vida independiente y evitar aquellas que atenten contra su autonomía.

13. Implementar programas de formación sobre el modelo social de la discapacidad y sobre el derecho a la vida independiente y sus alcances para quienes trabajan con personas con discapacidad o desempeñan roles de asistencia personal u otro tipo de apoyo, a n de garantizar un desarrollo de su labor acorde al modelo social.