Esto se explica por la subsistencia de representaciones sociales estigmatizantes sobre las personas con discapacidad, que las conciben como improductivas e incapaces para desarrollarse y crecer en el mercado laboral, y las relega al empleo alternativo, protegido y segregado.

La situación descrita impacta directamente en las posibilidades que este grupo tiene de vivir de forma independiente. Ello por cuanto la falta de recursos propios sume a las personas con discapacidad en la pobreza, les genera relaciones de dependencia económica con otras, limita sus alternativas y hace que pierdan el derecho de participar en espacios que promueven los vínculos sociale.

En este escenario, los Estados deben:

41.Revisar las leyes, reglamentos y regulaciones laborales con el objetivo de modificar aquellas normas que restringen las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad y reconocer legalmente la obligación de proveer los apoyos para que puedan incorporarse y permanecer en la actividad laboral, considerando su denegación como un hecho discriminatorio que puede ser denunciado y sancionado, tanto en el ámbito público como privado.

42.Poner fin a todas las formas de empleo segregado y reemplazarlas por dispositivos y alternativas que permitan a las personas con discapacidad acceder a un empleo libremente elegido o aceptado y desempeñado en un mercado laboral abierto e inclusivo.

43.Realizar una evaluación integral de las condiciones de accesibilidad del empleo público con el objetivo de identificar y eliminar las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y culturales que impiden a las personas con discapacidad trabajar en igualdad de condiciones, y procurar que el sector privado también las impulse e implemente las transformaciones correspondientes.

44.Asegurar que los procesos de contratación del sector público garanticen los apoyos que cada persona con discapacidad requiera para participar de las entrevistas, evaluaciones y de las demás instancias sin discriminación.

45.Implementar medidas de acción afirmativa que promuevan el acceso al empleo de las personas con discapacidad en el sector público, tales como la asignación de fondos especiales, los programas de formación profesional y el establecimiento de cuotas mínimas que aseguren que un porcentaje determinado del total de empleadas y empleados esté compuesto por ellas.

46.Implementar medidas para que las personas con discapacidad sean efectivamente contratadas en el sector privado, tales como la regulación de cuotas mínimas, subvenciones, desgravaciones fiscales, entre otras, y asegurar mecanismos de denuncia y sanción frente a situaciones de discriminación.

47.Diseñar sistemas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan buscar, obtener, mantener y reincorporarse al empleo, para asegurar que accedan a oportunidades de formación continua y de promoción y ascenso durante su trayectoria laboral y para que ejerzan sus derechos laborales y sindicales en condiciones de igualdad.

48.Promover, a través de concientización y asistencia técnica y financiera, la creación y continuidad de los proyectos laborales que las personas con discapacidad emprendan por cuenta propia.

49.Garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a programas de orientación técnica y vocacional, y a instancias de capacitación y formación en las competencias que demanda el mercado laboral.

50.Formar al funcionariado público, a las empresas y a otras entidades empleadoras en el derecho de las personas con discapacidad al trabajo, las obligaciones que existen para hacerlo efectivo, las formas de implementar apoyos, las experiencias exitosas que se han desarrollado en el sector público y privado, la necesidad de eliminar estereotipos y la importancia de reconocer el valor de la diversidad en el ámbito de trabajo.